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EspañolEl “salario mínimo común” que ha defendido Pedro Sánchez en la Unión Europea no sería tanto una cifra idéntica para los veintisiete miembros, sino una base común que garantice sueldos mínimos dignos en todos los países y reduzca las grandes brechas internas del mercado único.
La idea la lanzó el presidente español en el Congreso del Partido Socialista Europeo en Ámsterdam esta misma semana, enmarcándola en una agenda social más amplia (vivienda, servicios públicos y desigualdad).
El salario común que defiende Pedro Sánchez
El euro ya tiene una paradoja: compartimos moneda, pero no un suelo salarial comparable. Hoy conviven realidades muy distintas y, con ellas, riesgos de “competencia a la baja” entre países, sobre todo en sectores donde es fácil deslocalizar o contratar mano de obra transfronteriza.
Por eso Sánchez pide “un salario mínimo común en toda la Unión Europea” como parte de un refuerzo del pilar social europeo y como respuesta política a lo que considera una amenaza a derechos laborales y de clase media.
Ahora bien, la Unión Europea no parte de cero. En 2022 se aprobó la Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados, que no impone un salario mínimo único, pero sí empuja a los Estados a asegurar que los mínimos sean “adecuados” y a usar referencias internacionales para medirlo.
Entre esas referencias destacan dos umbrales que se repiten en el debate: situar el mínimo en torno al 60% del salario mediano bruto y/o el 50% del salario medio bruto. Si se llevara al extremo la propuesta de Sánchez, lo más verosímil es que “común” signifique un criterio armonizado, no una nómina igual para todos.
Esto quiere decir que existiría una regla europea que obligue a que cada país fije su mínimo en relación con sus salarios reales, su productividad y su coste de vida, evitando que en algunos Estados el SMI quede demasiado atrás. Ese enfoque permitiría mantener la diversidad económica europea sin renunciar a un estándar social compartido: que trabajar a tiempo completo no equivalga a pobreza laboral en ningún Estado miembro.
En la práctica, un sistema así abriría dos debates inevitables. El primero: cómo se calcula exactamente para que la comparación sea justa. El segundo: cómo se aplica en países donde el salario mínimo no es una cifra legal uniforme, sino que depende más de la negociación colectiva.