El Gobierno detectó que el “negociado” que antes se concentraba en el diésel ahora se traslada a la gasolina, por lo que prepara controles más estrictos para frenar el uso irregular del combustible.
“Ahora, aparentemente, tras la eliminación de la subvención al diésel, el negociado se ha ido a la gasolina y estamos tomando medidas”, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, durante una conferencia de prensa en La Paz.
El ministro explicó que sostuvo reuniones con funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para definir acciones destinadas a detectar y bloquear prácticas irregulares en la comercialización de gasolina.
Uno de los casos que su cartera identificó involucra a vehículos que funcionan con GNV y gasolina. Blanco señaló que algunos motorizados cargan ambos combustibles en cantidades que, según explicó, no corresponden con sus necesidades de funcionamiento.
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Gasolina
“Aquellos autos que tienen GNV y gasolina, cargan gasolina y GNV, cuando solamente necesita una cantidad mínima de gasolina para arrancar el motorizado y poder circular con gas”, indicó.
Ante esta situación, el Gobierno prevé utilizar mecanismos de control que permitan restringir la carga de combustible a vehículos identificados con un consumo irregular.
“Se está tomando medidas para evitar eso, como van a ver aquí, se puede bloquear a cualquier movilidad”, advirtió.
Blanco vinculó estas acciones con el proceso de intervención que el Gobierno inició hace un mes en YPFB y la ANH, tras el cual las autoridades realizaron una revisión de las operaciones y detectaron distintas irregularidades.
Intervención
“Ha pasado un mes desde la intervención que se ha llevado adelante, tanto a Yacimientos como la ANH, y queremos hacer un resumen de aquellas cosas que se han encontrado en esta entidad”, señaló.
El ministro agregó que cinco ministros participan en este proceso por instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira y que las autoridades continuarán con las medidas de control sobre la cadena de comercialización de combustibles.
La estrategia apunta a evitar que las prácticas irregulares asociadas anteriormente al diésel se reproduzcan ahora en el mercado de la gasolina.
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