El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, aclaró los alcances del Decreto Supremo 5676 y aseguró que la nueva diferenciación en el precio del diésel busca cerrar espacios al contrabando sin afectar a las familias ni al transporte.
En entrevista con La Razón, Blanco explicó que la norma establece tres categorías de consumidores que deberán pagar el precio de mercado: usuarios directos, clientes directos y grandes consumidores. La clasificación, remarcó, no depende únicamente de la cantidad de combustible adquirida, sino también de la forma en que se realiza el abastecimiento.
“Este decreto no tiene ninguna ambigüedad, es bien claro”, afirmó.
Según la explicación del ministro, los usuarios directos son quienes adquieren entre 120 y 5.000 litros y, generalmente, cargan el combustible en turriles, “bambuchas” u otros contenedores, en lugar de abastecer directamente el tanque de un vehículo.
El segundo grupo corresponde a los clientes directos, con consumos de entre 5.000 y 19.999 litros, que normalmente se abastecen desde plantas como Senkata y Palmasola y transportan el combustible en cisternas u otros tanques.
Finalmente están los grandes consumidores, que demandan más de 20.000 litros mensuales y, por el volumen, requieren necesariamente mecanismos de transporte como cisternas.
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El transporte no pagará Bs 18
Uno de los principales puntos aclarados por Blanco es que los vehículos particulares y el transporte no serán alcanzados por el incremento.
Ante la consulta sobre las flotas y camiones, el ministro fue enfático: “Ellos son transporte, no más. Ellos no van a ser afectados”.
La situación es diferente para la agroindustria cuando esta sea considerada gran consumidora de combustible. En ese caso, deberá pagar el precio establecido de Bs 18 por litro.
Blanco justificó esta diferenciación señalando que los grandes consumidores ya estarían pagando precios superiores al oficial debido a la reventa y al mercado ilegal.
“Ya lo están pagando, porque esta gente inescrupulosa está vendiendo a 14, 15, 16”, afirmó, al referirse a la cadena de intermediación y reventa de diésel.
El desafío está en el control
La nueva estructura de precios abre, sin embargo, un desafío central para el Gobierno: evitar que el combustible adquirido al precio subvencionado termine nuevamente en el mercado ilegal.
Consultado sobre la posibilidad de que una persona cargue diésel a Bs 9,80 en un vehículo y posteriormente extraiga el combustible para venderlo en otro recipiente, Blanco señaló que la responsabilidad recaerá en los mecanismos de fiscalización y regulación.
“La ANH tiene que llevar su trabajo de fiscalización y regulación”, sostuvo.
El ministro también planteó la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes desvíen carburantes y calificó el contrabando como una práctica que perjudica directamente a las finanzas públicas.
A su juicio, los recursos destinados a comprar combustible barato para luego venderlo ilegalmente podrían utilizarse en educación, infraestructura y otros servicios públicos.
Transitorio
Otro de los cambios importantes es que los Bs 18 por litro no necesariamente serán un precio permanente.
Blanco explicó que el monto se estableció inicialmente para un periodo transitorio de una semana, mientras el Gobierno trabaja en una metodología para determinar el precio de mercado.
La intención es que el valor pueda fluctuar de acuerdo con las condiciones del mercado, aunque el Gobierno estudia que los ajustes sean previsibles.
“Probablemente no fluctúe de forma diaria, pero va a fluctuar de forma semanal”, adelantó.
Durante esta semana, equipos del Ministerio de Hidrocarburos y del nuevo Viceministerio de Hidrocarburos trabajarán en la definición de la metodología que determinará la actualización del precio.
Sistema de control
Blanco también adelantó que la política contra el contrabando de carburantes no se limitará a la diferenciación de precios.
El Gobierno prepara una reestructuración institucional del sistema de regulación. Según el ministro, la actual ANH se reemplazará por una nueva entidad, en la que incluso se prevé incorporar un equipo de la Policía Boliviana.
“Estamos cambiando, vamos a cambiar las cosas”, afirmó.
La apuesta oficial es combinar el nuevo esquema de precios con mayores controles y una transformación de las entidades encargadas de fiscalizar la cadena de comercialización.
Alimentos
Frente a la preocupación por un eventual incremento del precio de los alimentos debido al nuevo costo del diésel para determinados consumidores, Blanco aseguró que no se prevé un impacto significativo.
Su argumento es que los grandes consumidores ya estarían adquiriendo combustible a precios superiores al oficial debido al mercado informal.
“No creemos que haya ningún impacto porque ya estaban pagando otro precio”, sostuvo.
El Gobierno espera que la medida permita mejorar la disponibilidad de diésel y reducir el desvío de carburantes, aunque el propio ministro reconoció que los resultados no serán inmediatos.
“Esto va a tomar su tiempo, no es inmediato”, afirmó, aunque aseguró que la diferencia en el abastecimiento debería comenzar a observarse con rapidez.
Blanco cerró su explicación remarcando que el objetivo del DS 5676 es proteger a las familias y al transporte, mientras se concentra el ajuste sobre los sectores identificados como grandes consumidores y sobre los circuitos que, según el Gobierno, alimentan el contrabando de combustibles.
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