Santistevan: Se debe actuar de manera efectiva contra el crimen organizado

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, consideró que los hechos de violencia registrados en ese departamento no son aislados, sino que representan una amenaza no solo para Santa Cruz, sino para el Estado boliviano.

“Este es un problema de Estado que involucra la seguridad nacional. Si una banda delincuencial poderosa se anima a realizar una emboscada y a declararle la guerra al Gobierno nacional, al Estado boliviano, entonces es un problema de Estado y se debe actuar de inmediato”, aseguró Santistevan en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

Además, advirtió que organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho ya operan dentro del territorio boliviano, disputándose rutas y negocios ilícitos, además de desafiar a las instituciones mediante sicariatos, emboscadas y fugas carcelarias.

Como ejemplo, citó la fuga de dos miembros del PCC del penal de Palmasola. “Ellos están presentes donde les da la gana y pueden hacer lo que quieran; al menos eso es lo que se puede ver y sentir actualmente con esta ola de violencia”, afirmó.

‘Más incapacidad que inacción’

A su juicio, la respuesta del Estado evidencia “más incapacidad que inacción”, debido a la falta de recursos, logística y equipamiento de las instituciones encargadas de enfrentar a estos grupos delincuenciales, además de posibles filtraciones de información desde la propia Policía, Migración, Aduana y otras entidades responsables de combatir los ilícitos.
Santistevan aseguró que en Bolivia ya existe una organización criminal consolidada y que estos grupos dejaron de ser simples emisarios, como fueron calificados por anteriores gobiernos.
“Lo que se debe hacer de manera urgente es adoptar medidas con voluntad política, declararles la guerra directamente a todos estos delincuentes, pero con medios materiales, logísticos y con una fuerza policial que reaccione de manera rápida y adecuada contra el crimen organizado”, sostuvo.
Asimismo, consideró indispensable iniciar un proceso de depuración institucional, no solo en la Policía, sino también en la Aduana, Migración y otras entidades estratégicas, para evitar la fuga de información.
“Se tendría que evaluar estas instituciones para establecer un sistema de lucha efectiva contra la criminalidad, incluyendo el narcotráfico, que al parecer ha logrado desarrollar una estructura paralela a la del Estado. Hay quienes pagan, sobornan y se debe luchar contra eso de manera más efectiva”, señaló.

Cooperación

También planteó fortalecer el trabajo conjunto en la frontera con Brasil y ampliar la cooperación con la Policía Federal brasileña, así como con las fuerzas de seguridad de Argentina y Perú, para mejorar el combate al crimen transnacional.

“La cooperación internacional es vital, ya que permitirá eliminar barreras de control cuando se persiga al crimen organizado y evitar trabas en las fronteras. Se debe contar con oficiales de enlace en inteligencia para intercambiar información y, por último, la DEA tiene que respaldar estas actividades”, explicó.

Consultado sobre si Bolivia está preparada para enfrentar amenazas como el PCC y el Comando Vermelho, tomando en cuenta que Brasil, pese a contar con una policía mejor equipada, no ha logrado erradicar a estos grupos, Santistevan respondió que la realidad brasileña es distinta.

Consideró que en Brasil ni la Policía Federal ni el Gobierno han sido rebasados. A su juicio, esos grupos permanecen bajo control, aunque se expanden hacia zonas donde la presencia estatal es menor y cruzan las fronteras hacia países con menores capacidades de control, como Bolivia.

“Son como cucarachas: cuando se las persigue, se dispersan, pero no desaparecen. Ese es el efecto. Eso no quiere decir que en Brasil hayan rebasado a la Policía o al Gobierno, a diferencia de nuestro país, donde sí podemos hablar de un Estado fallido”, afirmó.

Estado fallido

Santistevan sostuvo que se puede hablar de un Estado fallido porque durante 20 años de corrupción no existió una lucha frontal contra estas organizaciones criminales.

“Hablando como analista, la nueva administración recibió un Estado fallido, debilitado en la lucha contra el crimen organizado. No funcionan las instituciones. Por eso primero se deben depurar las instituciones, sin miedo; segundo, equipar y fortalecer a la Policía; tercero, hacer participar a las Fuerzas Armadas; y cuarto, buscar apoyo internacional, principalmente estrechando los vínculos con Brasil”, indicó.

Añadió que ni a Brasil, ni a Argentina, ni a los demás países vecinos les conviene que Bolivia se convierta en un territorio que brinde logística al narcotráfico transnacional. Asimismo, remarcó la necesidad de que la justicia actúe con mayor eficacia, imponiendo sanciones severas contra los líderes de estas organizaciones.

“Mientras no se logre eso, seguirán operando, porque ningún pez gordo cae en Bolivia y, apelando a su poder económico, pueden lograr cierto grado de impunidad”, argumentó.
La autoridad reiteró que el crecimiento del crimen transnacional refleja principalmente una incapacidad del Estado.
“Puede existir voluntad expresada en discursos, pero el problema es que no hay dinero ni para gasolina para los policías, mucho menos para equiparlos y combatir al crimen. Hay que cambiar esa balanza”, afirmó.

Encuentro nacional

Santistevan reveló que ya se realizó una primera reunión de coordinación con el Gobierno nacional.
“Hubo una reunión del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana la anterior semana en la ciudad de La Paz, convocada en el marco de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana. De ese encuentro surgieron conclusiones muy importantes”, explicó.
Entre ellas mencionó la necesidad de revisar la Ley 264, que calificó de obsoleta, además de fortalecer el apoyo que las entidades territoriales autónomas deben brindar a la Policía mediante el desembolso del 10% de los recursos del IDH destinados a seguridad ciudadana, entre otras medidas.
Finalmente, informó que el próximo 18 de agosto se llevará a cabo en Santa Cruz el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, con la participación de autoridades e instituciones del departamento, con el objetivo de definir políticas de emergencia para enfrentar la creciente ola de violencia.

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